La sociedad civil le dice a los partidos políticos: salvar al país exige acciones, ahora. No mañana, no después. Ahora.

El 23 de diciembre deben estar registradas ante el INE las coaliciones electorales que pretenden realizar los partidos. Es la última fecha posible para que los partidos políticos puedan acordar esas acciones legales y electorales. El reloj electoral es implacable.

Ante esa realidad, la organización ciudadana Sí Por México ha reiterado su llamado a los partidos políticos de oposición a que dejen de lado sus tradicionales agendas ideológicas para asumir las causas de la ciudadanía en general que reclama la necesidad de formar una nueva mayoría democrática en la Cámara de Diputados. Puede ser la última llamada.

¿Qué es lo que ve el movimiento de la sociedad civil en el entorno nacional y en las conductas del gobierno federal, que lo mueve a plantearles a los partidos opositores la necesidad urgente de acordar un pacto de unidad que haga posible la conformación de un bloque mayoritario en la Cámara de Diputados capaz de ser un contrapeso firme al Poder Ejecutivo?

Ve a un gobierno federal que utiliza al Poder Judicial y los instrumentos fiscales como herramientas para acosar, intimidar y doblegar a quienes considera sus enemigos, normalmente personas quienes han manifestado públicamente su desacuerdo con las políticas públicas del gobierno. La represión y el terror se emplean, cobijados en una justificación sobre su supuesta superioridad moral.

 

Esa misma argumentación de la supuesta superioridad moral le permite al gobierno federal y sus diversos organismos realizar la gran mayoría de sus adquisiciones vía adjudicaciones directas, sin que medie concurso alguno. Al adjudicar directamente miles de millones de pesos, lo que prevalece es la corrupción de cientos de nuevas empresas sin experiencia en los ramos a contratar, pero con excelentes amistades en el entorno burocrático.

Si estos dos ejemplos, represión fiscal y adjudicaciones directas, fueran los únicos indicadores negativos del gobierno, seguramente no habría surgido una briosa ola ciudadana resuelta a defender las libertades y la democracia en México.

Viene lo más grave. La grave irresponsabilidad del gobierno en el manejo de la pandemia sanitaria de COVID- 19 sacude al país. Este gobierno juega con la salud del pueblo como quien juega a la ruleta rusa. De manera irresponsable, que raya en conductas posiblemente criminales, los funcionarios del ramo han dejado de abastecer al país de las vacunas y medicinas necesarias para atender los cuadros básicos de inmunización de una sociedad moderna con un sistema de salud público funcional y abastecido de materiales fundamentales. Y han jugado políticamente con la pandemia de COVID-19 siendo ambiguos, poco asertivos y proporcionando datos e información que no convence a la población. Impone un sonsonete político de que todo va bien cuando México es el cuarto país mundial en muertes. Nada está bien.

Reiteran mentiras fantasiosas sobre la debacle económica como “la recuperación en ‘V’”, cuando el desempleo galopa sobre el lomo del país y la recesión asienta sus reales. El consenso de economistas y analistas serios es que México no alcanzará el lugar en que estaba en diciembre de 2018 (al inicio de este sexenio) hasta bien entrado el 2025. ¿La razón de fondo? Que el gobierno ahuyenta al capital nacional e internacional de invertir al aplicar políticas que violentan el marco jurídico nacional, introduce un elemento de incertidumbre para la inversión y trata de ignorar los acuerdos del T-MEC. Es decir, actúa con autoritarismo impositivo al tratar con inversionistas y, como tal, imposibilita la recuperación económica.

Lo más grave en el terreno económico es que desacata acuerdos y contratos firmados con el despotismo de un dictador bananero, desconociendo que México es parte del circuito económico de América del Norte, que comprende tres países. No somos una isla aislada del mundo.

En materia de seguridad pública y nacional, se ha asentado una densa nube de sospechosismo acerca de las conductas e intencionalidades reales del gobernante en su actuar ante el crimen organizado. Existen versiones sin corroborar excepto por las conductas del gobernante, de que este gobierno tiene un acuerdo secreto con franjas del crimen organizado. Abrazos, no balazos, la liberación no explicada de Ovidio, el saludo a la madre del Chapo, son solo algunas de las expresiones públicas de que algo se mueve en ese terreno de acuerdos inconfesables. Después vino la liberación/exoneración del General Cienfuegos. El crimen organizado se mueve con libertad por todo el territorio y la orden a las fuerzas públicas es, al parecer, de permanecer como pasivos observadores. La guerra se ha desatado en MichoacánGuerreroChihuahuaGuanajuatoSonoraBaja California, entre otros estados, y la Guardia Nacional constata, confirma y observa. Pero no interviene. Impera en México la ley del más fuerte de los poderes fácticos y reales, pero sin el imperio de la ley, de la Constitución ni del Estado de derecho.

Ante este deterioro notorio y grave del Estado de derecho y de una situación de desgobierno mezclado con autoritarismo político y mesianismo auto proclamado, la República mexicana corre un gravísimo riesgo de fragmentación, deterioro de su democracia y la pérdida de libertades.

La sociedad civil le dice a los partidos políticos: salvar al país exige acciones, ahora. No mañana, no después. Ahora.      

Si para salvar al país tienen que sacrificar sus agendas ideológicas y dejar para otro momento sus ganancias políticas, pues así tendrá que ser. La unidad es la receta necesaria para que México sea un país viable en el futuro. Es necesario parar el desgobierno. Y tenemos el instrumento a nuestra disposición: con el voto podemos ganar la mayoría en el Congreso el próximo año.

Únanse. No abandonen su responsabilidad histórica de este momento, en esta encrucijada para la vida nacional. Democracia y libertad debe ser el futuro de México. Es la última llamada.  

 

POR RICARDO PASCOE PIERCE
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